La adopción es una medida de protección que tiene por objeto brindar al niño o al adolescente, en condiciones de adoptabilidad una familia sustituta permanente y adecuada. Por ello, la adopción debe estar orientada hacia la garantía del Interés Superior del niño, niña o adolescente a adoptar y en el respeto de sus derechos fundamentales, considerando prioritariamente sus necesidades individuales. Es el inicio de un nuevo proyecto de vida y un cambio trascendental para los seres humanos involucrados en ella. Se trata de conciliar las necesidades del niño o adolescente con los deseos de los adoptantes idóneos.

La adopción internacional sólo puede realizarce cuando los solicitantes residen en países que hayan celebrado y tengan vigentes convenios con Venezuela, sobre adopción, conforme lo dispone el artículo 444 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente: “La adopción internacional sólo puede realizarce si existen tratados o convenios en materia de adopción entre Venezuela y el Estado de la residencia habitual de los adoptantes o solicitantes de la adopción”.

La Convención de La Haya del 29 de Mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, vigente en Venezuela desde mayo de 1997, creó el marco ético para la cooperación en el campo de la adopción internacional, entre los Estados parte de la misma, suministrando orientaciones y estableciendo procedimientos tendentes a garantizar que las adopciones internacionales se realicen en pro del Interés Superior del Niño, del respeto de sus derechos fundamentales y para evitar las prácticas que pudiesen conllevar a su sustracción, venta o tráfico.

Con base en las orientaciones contenidas en la Convención de La Haya de 1993, se puede afirmar que los solicitantes de una adopción internacional, deben estar en capacidad de manejar los aspectos relacionados con la diversidad étnica, cultural y vivencial, de los niños o adolescentes susceptibles de adopción internacional; que necesitan familias que se comprometan con ellos, que los amen y que les ofrezcan garantía de permanencia y seguridad en sus vidas.

En virtud de lo expuesto, los posibles padres adoptivos deben tramitar su solicitud y ser aprobados por las autoridades competentes, tanto del país receptor como del país de origen del niño o adolescente a adoptar, en cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades competentes de los dos (2) países involucrados en la adopción.

La Autoridad Central en Venezuela es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que recibe las solicitudes enviadas por la Autoridad Central del Estado parte y las remite a la Oficina Nacional de Adopciones para su evaluación.

1. Los trámites se inician a través de la Autoridad Central del Estado parte receptor.

2. Edad mínima de los solicitantes: 25 años. El adoptante debe ser 18 años mayor, por lo menos que el adoptado.

3. Residencia habitual no menor de tres (3) años en el Estado parte receptor .

4. Todos los documentos deben ser enviados en original y legalizados ante un Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el país de residencia del solicitante. Cuando sus contenidos no estén en el Idioma castellano, deberán ser traducidos a éste por intérprete público acreditado.

5. Cuando los solicitantes hayan sido considerados como padres adoptivos de un niño o adolescente y estén de acuerdo en ello, deberán ratificar personalmente en Venezuela la solicitud, ante el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente.

6. El traslado del niño, una vez concedida la colocación familiar y verificadas las autorizaciones de entrada y residencia permanente en el Estado parte receptor, deberá efectuarse en compañía de los solicitantes, o por lo menos de uno de ellos, en caso de adopción conjunta.

7. Compromiso de seguimiento, a través del Servicio Social Internacional, durante el período de prueba y hasta que se concluya el proceso de adopción; el cual puede extenderse hasta dos (2) años.

8. Autorización para que el niño o adolescente a adoptar ingrese y resida permanentemente en el país receptor.

9. Compromiso de tomar las medidas necesarias para la protección, en favor del niño o del adolescente, cuando se llegara a determinar que su permanencia en la familia de recepción no corresponda a su interés superior.